Últimamente hay muchos podólogos que están hablando de la posibilidad de que la sanidad pública aumente su cartera de servicios con ciertas competencias de los diplomados en podología. La idea es que los podólogos entren a formar parte de la administración pública bien sea como contratados del estado, bien sea como funcionarios, igual que los médicos o algunas otras ciencias de la salud.
Lo primero que hay que decir es que sí que existen podólogos en la sanidad pública, pero son muy pocos y no hay una reglamentación específica. También existen podólogos que de manera indirecta trabajan para la administración, como son los profesores de universidad que debido a su desarrollo profesional tratan a pacientes bajo el amparo del sistema público. En cualquier caso, de lo que se habla no es de esto, sino de añadir la figura del podólogo funcionario (o contratado del estado) que amplía la cartera o mejora la calidad asistencial de los pacientes que trata el Sistema Nacional de Salud.
¿Cómo se justifica dicha petición? Hay diversas justificaciones, entre ellas cabe destacar la petición del Colegio de Podólogos del País Vasco a propósito del pie diabético. Pero hay muchas otras justificaciones que se ofrecen, como la posible discriminación respecto a otras ciencias de la salud o la necesidad de dar un mejor servicio a una creciente cantidad de usuarios de la sanidad pública de edades avanzadas.
Pero todo este ruido acerca de la sanidad pública parte de un lugar, concretamente del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana. Hará ya casi un mes, este colegio reivindicó «la importancia de incorporar esta rama sanitaria a los Servicios de Salud Públicos porque a través de la detección precoz y tratamientos preventivos se evitarían cerca del 80% de los casos de riesgo de amputación». La cosa no fue más allá de la mera reivindicación, pero se ha generado cierto debate que, modestamente, creo que es muy positivo. Además, tampoco fue la primera vez que se reivindicaba.
Sin embargo, la realidad es otra. Estamos viviendo una época de contención del gasto, dónde los diferentes gobiernos (de un signo y de otro) están buscando cómo reducir el presupuesto de cada partida, entre ellas también la de la sanidad. Tenemos a los médicos y otro personal sanitario manifestándose en las calles por lo que ellos consideran que es la demolición del sistema sanitario público, los jefes de servicio están haciendo malabares para cuadrar presupuestos, se está negando la dependencia a miles de enfermos y cuidadores, los gobernantes están expulsando a grandes cantidades de ciudadanos del sistema… y nosotros estamos pidiendo que se gasten más dinero para contratarnos.
Ya sé que así se ahorrarían sobrecostes futuros en pacientes que podrían tener complicaciones al no ser tratados (como el caso de los diabéticos); está claro que el podólogo integrado en el SNS realizaría una gran labor para la sociedad; no me cabe ninguna duda de lo importante que sería conseguir este objetivo; pero es irreal, totalmente irreal. No se si vamos hacía un sistema privado como auguran algunos, pero lo que está claro es que en este momento es absolutamente imposible conseguir nuestras legítimas reivindicaciones. No hay dinero, no hay voluntad política y no hay una inquietud social detrás. Lo siento.
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